El sentido de la posibilidad

En su Profecía política fray Servando Teresa de Mier argumentaba que el federalismo era una forma ideal de gobierno para los angloamericanos, que tenían una larga experiencia de autogobierno y mostraban un alto grado de homogeneidad social, que no era el caso de México. Expresó en su célebre discurso del 13 de diciembre de 1823:
“Aquel (Estados Unidos) es un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado, y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigo del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorantes en la masa general como nuestros padres, y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias”.
Las palabras de fray Servando profetizaban el pasado y el futuro de México en un ambiente propicio para las profecías. Hoy podemos saber que ni Estados Unidos era un país tan homogéneo e ilustrado ni México era un pueblo viejo y heterogéneo. En 1823 no sabíamos qué era una federación del mismo modo que en la Rusia zarista de la época desconocían lo que era una constitución.
Sin embargo, la idea de federación estaba claramente asociada a la necesidad de autonomía de las amplias regiones del país que heredamos de la Colonia. Entre los centralistas del Constituyente de 1823-1824 se argumentaba que el sistema federal de Estados Unidos era el resultado de unir lo que estaba separado, mientras que en México se estaba separando lo que estaba unido. La realidad mexicana no obedecía, sin embargo, a esta visión tan simple, pues en todas las antiguas provincias e intendencias españolas las exigencias de autonomía y autogobierno fueron la materia prima del régimen federal. Hoy sabemos que el sistema federal de la Constitución de 1824 fue una decisión afortunada, y hace mucho que nadie discute el asunto. La discusión, en cambio, ha sido y es la de hacer realidad el federalismo. La idea de federación estuvo asociada a la idea de independencia nacional pero también a los ideales de autonomía local, de independencia regional, de autogobierno. Y, también y sobre todo, a la idea de democracia. Si el régimen republicano y federalista ha tenido tantos tropiezos de 1824 al 2009 quizá debamos buscar la causalidad en esa tendencia muy nuestra a exaltar a los caudillos.
Pero, ¿de verdad hemos trascendido la profecía de Teresa de Mier? ¿No advertimos en nuestros días algunas supervivencias de los prejuicios centralistas de 1823?
Las supervivencias centralistas critican la nueva redistribución de recursos públicos arguyendo las presiones y el poder de los gobernadores de los estados en la cámara de diputados. Pero el peso que ahora tienen los gobernadores es una prueba inequívoca de que el presidencialismo mexicano no es ya el presidencialismo autoritario de nuestra historia. Independientemente de cómo se juzguen las decisiones del poder legislativo federal, por fin tenemos un poder legislativo federal. Y tenemos, además, las presiones de los gobiernos estatales en la definición de la política nacional, donde el presupuesto de egresos de la federación es la determinación legislativa en la que más concurren intereses y presiones.
Los críticos del presupuesto de egresos de la federación aprobado por la cámara de diputados tienen razón en prevenir sobre la ausencia en estados y municipios de un sistema moderno de transparencia y rendición de cuentas. Las críticas son justas: no son pocos los estados que se han convertido en presidencialismos autoritarios estatales. La causa general la podemos encontrar en el lento y desigual desarrollo de la división de poderes. Muchos gobernadores se conducen como dueños; ejercen el control casi absoluto sobre partidos políticos y medios de comunicación, y deciden los presupuestos estatales arbitraria y hasta caprichosamente. El esquema autoritario estatal se reproduce en la mayor parte de los municipios. Hay que empezar, entonces, por atacar la causa. Avanzar en la división real del poder público de los estados es un camino que debe abrir nuevas brechas de reflexión y participación. Contar con poderes legislativos locales que cumplan eficazmente su competencia en materia de vigilancia, control, fiscalización, evaluación y corrección del gasto público debe correr paralelamente con los nuevos recursos asignados a los estados y a los municipios y con el nuevo sistema de coordinación fiscal que es necesario discutir. Es cierto que la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para fiscalizar una parte del gasto que ejercen los gobiernos de los estados y los municipales. Hace falta, sin embargo, que la fiscalización sea también inmediata y desde abajo. Una propuesta sencilla es de tipo electoral. En algunos estados se elige por separado al ayuntamiento y al síndico. En Chihuahua, por ejemplo, el ayuntamiento de la capital es mayoritariamente del PAN y el síndico (es síndica) es del PRI. Allá mismo, hay municipios gobernados por el PRI donde el síndico es del PAN. La inteligencia electoral de los ciudadanos ha logrado repartir el poder de manera que desde la papeleta electoral se ponga en funcionamiento el equilibrio, el contrapeso, el reparto del poder. He escuchado a muchos ciudadanos preguntar con gran interés quiénes son los candidatos a la sindicatura del municipio. A veces me he quedado con la impresión de que a esos ciudadanos les interesa más la honorabilidad profesional y política de los candidatos a síndicos que la planilla del ayuntamiento, con presidente municipal incluido. La elección separada del ayuntamiento y del síndico ha obligado a los partidos políticos a postular como síndico a un ciudadano respetable y respetado, que a veces se trata de una persona que no pertenece a ningún partido.
Los estados necesitan otras reformas que sean sencillas pero eficaces. Por ejemplo, y dependiendo de las circunstancias de cada entidad federativa, conviene que se eliminen las inútiles secretarías de la contraloría que dependen directamente de los gobernadores; con los recursos ahorrados se puede fortalecer la capacidad fiscalizadora de los poderes legislativos. Dependiendo de cada caso, se puede discutir la institución de un órgano autónomo similar a la Auditoría Superior de la Federación. Incluso podemos analizar la posibilidad de que los síndicos municipales formen algo así como un órgano asesor o consultivo de la auditoría estatal. Estados y municipios ejercerán más recursos y el hecho nos obliga a imaginar nuevas posibilidades de ejercicio oportuno, honrado y eficaz del gasto público.
El sentido de la realidad es también el sentido de la posibilidad. Este principio es básico en un régimen democrático, que es imperfecto por definición y perfectible por principio. Consiste en la conciencia de que la realidad no es solamente lo que es sino lo que puede ser; no es solamente el presente con sus defectos y virtudes sino también el conjunto de soluciones factibles en el corto plazo, a la vez realizables y trascendentes. Una democracia puede ser juzgada no solamente por lo que muestra sino por el potencial que puede mostrar. ¿Qué se ha logrado y qué es posible lograr? En cualquier circunstancia económica o política, un buen gobernante no se complace con los éxitos alcanzados; siempre es consciente de que se pudo haber conseguido algo más. Nada hay más patético que un gobernante satisfecho. Un político realista es un posibilista.
Ignacio Ramírez “El nigromante” repetía que el municipio era el bastión de la libertad cívica, el contrapeso más eficaz del centralismo. Si un sentido tiene hablar de “democracia participativa”, creo que en el municipio lo podemos encontrar con más facilidad que en las alturas inasibles del gobierno federal.