El tulipán negro

El tema de la legalización o despenalización de las drogas ha sido puesto de nuevo, aunque tímidamente, en la agenda pública. No prendió la mecha. No hace mucho el presidente Calderón invitó a debatir el asunto, pero deslindó su punto de vista: él no está de acuerdo.

Un poco antes, en un artículo publicado en El País, Mario Vargas Llosa (en casa festejamos su Premio Nobel de Literatura tanto como un gol de las Chivas al América) trató el tema de la legalización de las drogas en México y puso su opinión a favor, aunque reconoció que el asunto era una cuestión que no competía en exclusiva a México. Es un tema de dos y más países y debe ser discutido entre ellos, escribió.

Hace unos quince años escribí a favor de la despenalización de las drogas y en Radio Universidad me surtieron de lo lindo, por decirlo así. Sigo pensando que es una de las soluciones para enfrentar con éxito la violencia criminal que proviene del narcotráfico. En quince años la criminalidad de los cárteles cambió radicalmente: el narcotráfico se convirtió en una de las industrias (por decirlo así) más poderosas de México y de muchos países productores, introductores y consumidores. Los riesgos son mínimos y el negocio es jugoso, pero las apariencias engañan, pues son multitudes las que quieren participar colgándose de alguna ramita escondida en su inmenso follaje.

Para empezar, cualquier guerra contra el narcotráfico está condenada al fracaso. Su presencia criminal se ha ramificado tanto y sus ganancias se distribuyen entre tanta gente (pública y privada) que cuesta trabajo imaginar que un negocio tan rentable y tan seguro pueda ser derrotado con armas y leyes penales. Si del narcotráfico entran al país algo así como 30 mil millones de dólares, de los cuales entre 10 mil y quince mil ingresan al sistema bancario y financiero mexicano, es una ingenuidad suponer que en verdad existen, aquí y en Estados Unidos, verdaderas intenciones de regular la venta y consumo de estupefacientes. Si las hubiera y si de verdad llegara a regularse el mercado de consumidores mediante normas de salud pública que garantizaran la calidad de las drogas y la prevención y atención a los adictos, supongo que miles de pequeñas y grandes empresas (legales todas) quebrarían al instante. El hecho es que el narcotráfico ha creado una epidemia psíquica cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales aún no estamos en condiciones de prever.

Se ha formado en amplios sectores una cultura del narcotráfico que ya no lo demoniza, como antes se hacía desde distintos frentes. Hace poco una encuesta aplicada a jóvenes de entre quince y veinticinco años arrojó como resultado que más del sesenta por ciento de ellos consideraba como opción laboral el narcotráfico. La paradoja de la proporción inversa es evidente: a mayor criminalización, menor riesgo; a mayor persecución y guerra, menor confianza. El narcotráfico se ve como una actividad casi normal, al menos en su versión de que es inevitable, invencible. No son pocos en este país los que aspiran a ser tomados en cuenta en la derrama de dinero que deja esta industria, por decirlo así, y no solamente entre quienes ocupan cargos policiales, políticos, empresariales o bancarios. Ahora sí podemos decir, con Chesterton, que lo único peor que ser asaltante de bancos es ser banquero.

El problema del narcotráfico y de la hipotética despenalización de la venta de drogas es, para decirlo con un cliché universitario, un problema complejo. Lo que no es nada complejo es que la industria del delito, por decirlo así, abarca intereses delictivos y no delictivos, todos asociados al narcotráfico: armamento, poder policial, coartada gubernamental, negocios periodísticos y de medios electrónicos, libros y revistas, presupuestos fabulosos, producción de sistemas penales como bolillos madrugadores, crecimiento exponencial de investigadores, ministerios públicos y jueces, más presupuestos universitarios para impartir carreras afines al derecho penal y a la psicología y sociología criminal, escándalos delictivos que se han apoderado de los programas públicos y de las tribunas parlamentarias, uso político de esos escándalos para derribar a los contrincantes y –lo más grave– un nuevo troquelado de la imaginación colectiva. ¿Qué espacio de la memoria nos queda para enorgullecernos de que a Vargas Llosa le otorgaran el Premio Nobel de Literatura?

La fiebre del narcotráfico se está colectivizando. Su similitud es menor a la de la fiebre del oro del siglo XIX estadounidense; se parece más a la fiebre de los tulipanes del siglo XVII en Holanda, narrada espléndidamente por el escritor polaco Zbigniew Herbert en Naturaleza muerta con brida: “Desde sus púlpitos, los predicadores lanzaban rayos contra aquella lasciva fiebre de los tulipanes, pero ellos mismos, según afirmaban los más maliciosos, se iban a hurtadillas a otras ciudades para abandonarse sin testigos indeseados a aquella pecaminosa pasión”. La predicación contra las drogas lleva la impronta de la hipocresía. Dice Herbert que a la fiebre del tulipán la mató su propia locura, no la intervención del Estado. ¿Cómo se mata a sí misma la locura del narcotráfico?

Los tulipanes holandeses ninguna culpa tenían del mercado negro que la voracidad calvinista hizo de estas flores tan hermosas. Lo mismo puede decirse de la bellísima amapola o de la yerba de la marihuana. En la televisión vemos todos los días a decenas de soldados desyerbando los sembradíos, amontonándola y quemándola, como si la maldad fuera de la naturaleza y no de los comerciantes y empresarios, por llamarlos así. Somos, hasta en la destrucción de la “yerba mala”, el país del desperdicio. Si el sentido común no hubiera sido borrado por la locura persecutoria, esos regalos de la naturaleza podrían crear, mediante un programa público de asesoría y control, cientos de pequeñas empresas para transformar la yerba en remedios populares para aliviar muchos males. Digo, suponiendo que en efecto las autoridades destruyan toda la droga que confiscan, pues al público le presentan imágenes breves de la destrucción, pero grandes cantidades de ella regresan al mercado por otros medios y mafias.

Decía que el daño más temible que nos ha producido el narcotráfico y la violencia criminal es que se han apoderado de nuestra imaginación. Los medios de comunicación suelen agigantar el problema. No es un argumento fiable el estribillo de algunos comunicadores y analistas cuando afirman que los medios sólo se limitan a difundir la realidad. Pero ¿qué realidad y de qué tamaño? Frente a las ejecuciones de cada día que se repiten hasta la náusea, el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a un escritor de nuestra lengua apenas mereció una mención fugaz. Sólo espero que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no decida homenajearlo y le endilgue El otoño del patriarca, pues en este último caso Vargas Llosa iría a golpear con más dureza a García Márquez.

Corrupción e impunidad son las caras de la moneda, envuelta en la hediondez de la hipocresía.

Así como el narcotráfico se está apoderando de la imaginación colectiva, también ha resquebrajado el orden federal y municipal de gobierno. Los operativos comunes y la inclusión de las autoridades municipales en el combate al narcotráfico han desplazado el cumplimiento de las atribuciones de ayuntamientos y alcaldes, en detrimento de los servicios básicos y de la promoción de una convivencia razonablemente libre.

La guerra del Estado contra el narcotráfico y las propias guerras entre narcotraficantes le han producido un daño irreparable a la sociabilidad. El clima de desconfianza de la población a sus autoridades es evidente, pero es más dañina la desconfianza mutua entre la población. Es cierto que no nos une el amor sino el espanto, pero ahora, parafraseando a Hobbes y a Borges, ya ni el espanto nos une: su lugar lo va ocupando la venganza.

Un triunfo innegable del narcotráfico es el del miedo. No estamos ante un miedo al otro visible y concreto, no estamos ante la sombra siniestra que en la calle oscura se acerca sigilosamente, sino ante la incertidumbre atemorizada de ser azotados por el azar organizado: miedo a la nada que asusta, roba, hiere y mata. La violencia criminal ha logrado eso que hace mucho tiempo escribió el pensador católico Hilaire Belloc en El estado servil: hemos dejado de ser un pueblo libre porque hemos dejado de ser propietarios. . . ¡Hemos dejado de ser propietarios de nuestros sueños y de nuestras ilusiones! Es cierto que la vida la tenemos prestada, pero ahora parecemos intrusos en el trocito de libertad que nos ha sido dado.

El flameo incesante de enfrentamientos y ejecuciones ha desgajado nuestra memoria. Los recuerdos y los buenos momentos son jirones en medio de las ráfagas televisivas de titulares sangrientos. No es que en su mayoría los medios de comunicación sigan el juego a los delincuentes: hacen su propio juego y su propio agosto, por decir lo menos; pero hay algunos ingenuos que de verdad creen que ejercen la libertad de expresión difundiendo, dicen, la cruda realidad. La libertad de expresión es, ante todo, criterio, que literalmente significa “cedazo”.

No hay una solución y no sé si muchas basten para revertir los daños que causan las legiones de vendedores de drogas al menudeo que se disputan cada calle, matando y matándose. En algunos pueblos la gente está tomando la justicia en sus manos. Ahí donde una comunidad ha linchado a ladrones y extorsionadores los delitos casi se esfumaron. Pero los riesgos son más peligrosos que la delincuencia. Me parece temible que la mayoría de la opinión pública sienta en sangre propia el veneno de la venganza.

No sé si la locura del narcotráfico lleve en sus entrañas el germen de su destrucción. Por el momento, no nos vaya a ocurrir lo mismo que al pobre zapatero del relato de Zbigniew Herbert cuando logró cultivar un tulipán negro: la muerte le llegó por ingenuo, no por ingenioso.

Los nombres de la intolerancia

(Cuarta y última parte)

El artículo 130 constitucional de diciembre de 1991 fue, en su primer enunciado, un abuso de la memoria: “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en esta ley”. El enunciado denota lo que Ricoeur llama memoria herida, enferma. El error también es conceptual: la separación del estado y las iglesias no es un principio histórico. El primer enunciado debió ser el del artículo 3 de la Ley Reglamentaria: “El estado mexicano es laico”. Incluso en 1991 el texto inicial aprobado era obsoleto; no se tenía enfrente ninguno de los agravios que motivaron las reformas liberales de 1830 y 1850; no teníamos en 1991 ninguna propuesta o intento de unir ambas esferas; ni siquiera las tuvimos en el siglo XIX, aun considerando la violencia causada por las discordias que heredamos del Patronato y los intentos regalistas de algunos liberales por ejercer el control disciplinario y de gobierno de la iglesia; es cierto que la Constitución de 1824 declaró como religión única a la católica romana, pero no puede hablarse, en sentido moderno, de una teocracia; tampoco tuvimos intentos cismáticos de fondo provenientes de la autoridad civil: los que hubo fueron circunstanciales y explicables en el contexto fragoroso de la disputa por el poder. Las relaciones estado-iglesia abrevaron en el artículo 130 de la Constitución de 1917: se declaró la inexistencia de las iglesias y se cancelaron derechos fundamentales.
Los revolucionarios de 1910 y los constituyentes de 1916-1917 integraron un conglomerado de agravios reales e imaginarios de cuatrocientos años, pero en lo inmediato estaba la restauración de privilegios eclesiásticos en el régimen de Porfirio Díaz, la oposición de la propia iglesia al movimiento revolucionario, el respaldo clerical a Victoriano Huerta y el juego retrógrado del Partido Católico Nacional.
Con la inclusión de “laica” a nuestra forma de gobierno, el enunciado del artículo 130 resulta más obsoleto aún. Las prohibiciones de la disposición “E” han dado lugar a conflictos recurrentes, sobre todo porque, del lado clerical, algunos ministros del culto sí realizan impunemente proselitismo a favor y en contra de candidatos y partidos. La segunda prohibición también es fuente de conflictos: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. . .” Las interpretaciones han sido extremas, de uno y otro lado. La prohibición atenta contra la libertad de expresión; la limita, pero el límite carga también con el peso de la historia. Como sea, la norma no se cumple: es exagerada.
Fuera de las prohibiciones en materia electoral, las otras deben revisarse y modernizarse, pues “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones” es una norma de una ambigüedad tal que, repetida literalmente en la Ley reglamentaria, ha dado lugar a choques cotidianos. En cada caso los jueces penales y civiles debieran tener la competencia. Decidió bien el jefe de gobierno Marcelo Ebrard al acudir a un juez común a demandar por daño moral a Sandoval Íñiguez y al vocero episcopal, en lugar de llamar a una marcha, un plantón o recurrir a la secretaría de gobernación. Todo iba muy bien, hasta que una vulgar metáfora machista lo pintó tal cual es.
En 1991 y 1992 se discutió la naturaleza del laicismo mexicano. El primer enunciado del nuevo artículo 130 resolvió la cuestión con una razón histórica y no con una democrática. Hace veinte años el pasado estaba demasiado presente. La mutua desconfianza era evidente. Intelectuales y académicos recibieron con gesto agrio la reforma al artículo 130 y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En los sectores eclesiásticos se vio el nuevo marco jurídico como el inicio de una etapa de reivindicaciones: la altanería se manifestó al instante; el laicismo fue juzgado con severidad; sacerdotes e intelectuales católicos hicieron un mazacote de demonios: laicismo, relativismo, racionalismo, individualismo, nihilismo, ateísmo, egoísmo y un largo caudal de ismos y tomismos. Para ellos la revancha histórica había llegado. Durante esta primera década del siglo XXI, la iglesia se instaló en el discurso de mediados del XIX; el eco del grito “Religión y fueros” ha repicado en la vida pública. El objetivo clerical es combatir el laicismo, su enemigo histórico, a pesar de que la Independencia de México los liberó de las reformas borbónicas y de que las Leyes de Reforma consolidaron, involuntariamente, la unidad de la iglesia católica romana, contrariamente a lo que ocurrió en la Rusia zarista mil quinientos años atrás y en otras iglesias que resultaron del Cisma de Oriente y que, escindidas de Roma, en su mayoría quedaron sujetas a la opresión de los gobiernos imperiales. Si se escribiera la historia virtual mexicana (lo que pudo haber ocurrido), el Vaticano tendría el deber moral de reconocer que Benito Juárez, sin proponérselo, contribuyó a la unidad del catolicismo romano.
La iglesia católica no quedó conforme con las nuevas normas constitucionales y legales aprobadas en 1991 y 1992, pero el ambiente de buenas relaciones que se había construido entre el presidente Salinas y el papa Juan Pablo II no estaba para atizar una lumbre que en apariencia se extinguía; sin embargo, la cuestión religiosa ha sido hasta nuestros días como el amor: quema cuando es brasa y tizna cuando es carbón.
Lo que no sabíamos en 1991 era que estaba muy cerca la reforma a la legislación electoral, la creación del IFE, el levantamiento armado en Chiapas y los crímenes políticos de 1994. La democracia azotaba con fuerza la puerta de la política mexicana y la crisis económica detonada en diciembre de 1994 hizo el resto. Todos nos topamos con la democracia. La iglesia católica y sus jerarcas se toparon con ella con más fuerza; fue un encontronazo inesperado: no estaban preparados ni moral ni políticamente. La reforma al 130 de la Constitución y el reconocimiento jurídico a las iglesias, la creación del registro y el reconocimiento de derechos y obligaciones de los ministros del culto fue razonablemente bien recibido en el país, no sin que el más rancio jacobinismo mexicano lanzara gritos de alerta. Lo cierto es que la iglesia católica ha tenido más problemas en esta primera década del siglo XXI que durante todo el siglo XX, desde 1929. Tal vez esperaban demasiado. No contaban con la democracia ni sabían de la gradual formación de una sociedad plural, invisible pero real.
Con prohibición y sin ella, el clero católico ha utilizado el púlpito y los medios de comunicación para respaldar o atacar a partidos y candidatos. Se ha exagerado el papel de la iglesia católica en la la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del año 2000, pero no exageran quienes han visto que desde la llegada del PAN al poder federal los conflictos no han dejado de producir desencuentros entre la jerarquía católica y las instituciones públicas. Con la democracia se topó la iglesia católica. Los fueros y privilegios que en los hechos gozaron desde los arreglos de 1929 se resquebrajaban por su propio peso antidemocrático. Los escándalos internos no pudieron ser contenidos en de los muros de sus fueros fácticos; la pederastia sólo pudo ser escondida un tiempo. No hace mucho algunos jerarcas alegaban que la ropa sucia de la iglesia se lavaba en casa. Lo que no pudieron cubrir fueron sus exabruptos verbales; la opinión pública se enteró de la pobreza cultural de los sacerdotes. La libertad de expresión que ejercen corre casi siempre en su contra. Yo sería el último en pedir que se callara a los obispos o que Gobernación los sancione por criticar a las instituciones públicas. Es mejor que se delaten.
El clero se ha defendido con la fórmula usada durante casi doscientos años: alertan que se quiere destruir a la iglesia; se alega persecución, conspiraciones mundiales. Pero la sociedad mexicana es otra.
También el virus del narcotráfico llegó a sus sacristías. En 2005 el obispo de Aguascalientes aceptó que a la iglesia llegaba dinero del narcotráfico, pero justificó su ingreso aduciendo que ese dinero, al entrar al templo, se purificaba. De dar risa. Los escándalos de pederastia terminaron por derrumbar los muros mohosos de su podredumbre interna.
La iglesia católica se topó con la democracia; las majaderías expresadas por el cardenal tapatío y el vocero de la Arquidiócesis son ejemplos de insensatez e ignorancia juntas. Pero la intolerancia no es sólo clerical. Sobreviven, en distintas formas y manifestaciones, intolerancias de raíz ideológica, racial, sexual, moral, cultural, de posición social. Las abstracciones nos dividen, tanto si provienen del dogma religioso como del dogma ideológico. Los fanáticos de la religión y de la política son enemigos de la sociedad abierta.
Los clérigos ya no representan la fe de nuestros mayores, que era mucho más que dogmas, ritos y rezos; era una fe que poseía un vasto lenguaje, valores prácticos, modos de conversar y compartir los misterios de la existencia, sentido común, formas de trabajar, producir y consumir, confianza y esfuerzo entrelazados, sencillez y profundidad unidas. El amor al prójimo fue suplantado por el amor a la humanidad y la caridad concreta por la filantropía abstracta y mediática. La fe de nuestros padres era un modo de reír, cantar y bailar; era amor al trabajo, conciencia del pan de cada día, gratitud a flor de piel, asombro constante: el ciruelo en flor, el terco sol de cada hora, el silencio apacible de la madrugada, el milagro del comedor de la casa. Si en un sector es visible la erosión de la cultura católica es en el clero. El lugar de la fe no lo ocupa la razón, sino la falta de fe, la de millones de incautos enajenados por las chácharas que vende la actual epidemia de sanadores. La debacle de la cultura católica ha reducido la fe a la compra de magia ridícula. Los sacerdotes también son víctimas de la catástrofe educativa y cultural de la época.

Post scriptum: esta columna no se publicará en las siguientes cuatro semanas. Si el azar nos da licencia, nos reencontramos en octubre.

Los nombres de la intolerancia

(Tercera de cuatro partes)
El conflicto de valores que estaba en el centro del debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho de adopción se convirtió, en cuanto la Corte resolvió su constitucionalidad, en un espectáculo. La acusación del cardenal Sandoval Íñiguez de que los ministros de la Suprema Corte habían sido maiceados por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard fue el cerillo que encendió la mecha del talk show. Y la demanda civil por daño moral interpuesta por Marcelo Ebrard alfombró la pasarela del espectáculo y el tema central del debate prácticamente desapareció del escenario.
Como sea que fuere, el conflicto de valores que produjo la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de las reformas que amplían el derecho de matrimonio y de adopción a personas del mismo debe servir para formular el problema de fondo: el papel que la religión desempeña en la política y en la vida pública. La pregunta es obligada: ¿De qué modo podemos construir un debate genuino acerca de la influencia de la religión, lo religioso y la religiosidad en la política con tal de evitar el encendido recurrente de la hoguera de intolerancias que nos enfrenta?
Un principio democrático nos recuerda que las mayorías deciden; la otra cara de la moneda es que las decisiones mayoritarias no han de aplastar a las minorías; pero más importante es que las minorías no impongan, en nombre del muy rentable papel de víctimas o de cualquiera otra razón histórica o moral, su ideología e intereses a todos.
En las dos primeras partes de estos apuntes he tratado de argumentar a favor de la pertinencia sustantiva y procesal de la resolución de la Corte. El fundamento jurídico y democrático es el principio de igualdad de derechos del artículo 1º de la Constitución, reforzado con el principio derivado que prohíbe la discriminación. Jurídica, política y moralmente la resolución de la Corte es legítima y parece justa. Sin embargo, sobre ese mismo principio de igualdad se fincó el derecho de adopción. El argumento fue en esencia el mismo, aderezado con algunas consideraciones de índole sociológica que sólo consiguieron desemparejar el piso donde tenía que haberse dado la discusión principal. Si el matrimonio entre personas del mismo sexo se examinó en el plano de la igualdad de derechos, la extensión analógica al derecho de adopción resultó impertinente. La argumentación en este caso debió situarse en la perspectiva del menor, no del matrimonio. Una primera pregunta se puede formular así: ¿no tiene un niño el derecho de igualdad de ser adoptado por un matrimonio formado por un hombre y una mujer?
Como sea que cada quien responda a esta cuestión, creo que el debate tuvo el defecto de reunir en un mismo expediente dos asuntos distintos. Una segunda pregunta se puede formular del siguiente modo: ¿no es la adopción un derecho derivado del matrimonio y no es el derecho del niño un derecho original, primario? Por lo demás, me parece que la decisión de aprobar ambos derechos de un jalón tuvo el yerro político de atizar el brasero de un rencor añejo.
¿Por qué no se pospuso el tema de la adopción? ¿Estábamos realmente ante un problema tan apremiante que no pudiera postergarse un poco, teniendo en cuenta que millones de creyentes se sentirían ofendidos, lastimados o agredidos? La falta de sensatez, escribe Amartya Sen en La idea de la justicia, puede ser fuente de equivocaciones morales. El juicio es aplicable con mayor razón a las equivocaciones políticas, más aún si en medio vibran los sentimientos morales de la mayor parte de la población.
La verdad jurídica y la mayoría de votos no son los únicos valores en juego. Las decisiones políticas son, al menos en teoría, racionales. Pero la razón no es una señora que corre desnuda por la plaza pública gritando que es dueña absoluta de su cuerpo, proclamando su libertad a los cuatro ventarrones, pero cancelando la libertad que tienen otros de pasear con sus hijos en esa plaza. No hay libertades absolutas; ni siquiera la libertad de pensamiento lo es, decía Spinoza. Si esa señora autonombrada “razón” insiste en alegar su derecho a correr desnuda alrededor de la plaza porque es dueña absoluta de su cuerpo, una simple y sencilla norma municipal llega y la cubre; luego la encarcela y la multa; si el comisario tiene un mínimo de caridad y sentido del humor, sugerirá a la razón desnuda que su derecho lo puede ejercer a sus anchas carnes en una playa nudista, no sin advertirle el riesgo de que nadie voltee a mirarla.
Razonamiento y sensibilidad son actividades profundamente interrelacionadas. A doscientos cincuenta años de que Adam Smith escribió su Teoría de los sentimientos morales (1759), el mejor festejo es volverlo a leer; tal vez reaprendamos la obligación intelectual de mantener una indispensable imparcialidad frente a dichos sentimientos, con tal de no petrificarnos en el pueblerinato moral que anula el ejercicio de la crítica a la influencia de los intereses creados y a las costumbres y tradiciones.
El poder democrático es un poder moderado y el estado laico nos provee de normas y prácticas que frenan legalmente los excesos y abusos de cualquier poder: un clan familiar, una tribu social, el Mercado de Margaret Thatcher, el cardenal de Guadalajara o las mentiras de sanaciones milagrosas, medicamentos mágicos o promesas absurdas. En un sentido amplio, la laicidad significa moderación del poder; su significado genuino consiste en evitar que se imponga a la sociedad un pensamiento político y económico único, una ideología única, una moral única, una religión única, un consumo único o una forma de relación interhumana única.
Se exige que la secretaría de gobernación sancione al cardenal Sandoval Íñiguez y al vocero del Arzobispado Juan Valdemar por violar el artículo 130 de la Constitución. El asunto nos recuerda que están por cumplirse veinte años de vigencia del marco jurídico en materia de libertades religiosas y asociaciones de culto. Ahora podemos examinar, a la luz de las nuevas realidades políticas, una legislación que puso fin, desde 1992, a una etapa de conflictos entre la autoridad civil y la iglesia católica que se remonta a los tiempos del Regio Patronato. Hagamos un poco de memoria.
El presidente Carlos Salinas decidió, influido por la diplomacia vaticana y por el desmoronamiento de los gobiernos totalitarios y las sociedades cerradas, reformar la Constitución para modernizar la situación jurídica de las iglesias y dar por terminado el régimen que las desconocía en términos absolutos y negaba derechos humanos básicos a los ministros del culto.
En 1991 la clase política del PRI y la intelectualidad mexicana padecían, en distintos grados, el virus que recibimos del anticlericalismo de los siglos XIX y XX. El secretario de gobernación, el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, le pidió al presidente Salinas que excusara a su secretaría de la tarea de dar marcha atrás a unos principios respecto de los cuales se tenían convicciones profundas e innegociables. Por decirlo así, el secretario de gobernación opuso una objeción de conciencia para no ser él quien derribara uno de los pilares del liberalismo anticlerical sintetizado en el artículo 130 constitucional de 1917. El presidente Salinas lo excusó y encargó la tarea a otra área de su gobierno, donde se organizó la comisión redactora de la que fui parte. La redacción de la propuesta que el presidente Salinas suscribiría en calidad de iniciativa de ley para enviar al Senado estuvo caracterizada por un ánimo entre temeroso y escéptico; había un ambiente demasiado cauteloso y las discusiones a veces se radicalizaron. A mí me parecía insostenible, por ejemplo, la negación de derechos humanos a los sacerdotes; igualmente me parecía indigno que el estado regulara asuntos de la vida interna de las corporaciones eclesiásticas. Aún recuerdo las quisquillas gestudas de quienes profetizaban que los curas se apoderarían del poder. Tal vez confirmaron sus sospechas cuando el PAN ganó la presidencia el año 2000. Es curioso que ese mismo año se hizo visible el inicio de la peor crisis de la iglesia católica en siglos, pero es un mito jacobino culpar al clero católico de la derrota del PRI el año 2000. En realidad la “culpa” fue de los ciudadanos.
La legislación resultante no era la mejor que se podía lograr pero fue el principio de una transición que se esperaba civilizada. Hoy creo que el nuevo marco jurídico de 1992 fue suficiente para dar por concluido un largo período de enfrentamientos y discordias. El clero mexicano no consiguió lo mucho que pedía en 1991 y 1992. Ellos proponían una ley orgánica que trajeron de la España episcopal, y hubo los que enviaron un proyecto similar al alemán, donde el estado recauda impuestos religiosos para entregarlos a las iglesias, proporcionales al número de fieles de cada una de las confesiones, previa declaración de fe. Aceptarlo era, en el caso mexicano, la violación a una libertad religiosa: nadie puede ser obligado a declarar sus creencias. Los obispos alegaban que en México el noventa por ciento de los creyentes era católico, y que había que considerar en la ley ese hecho cultural. Otras propuestas insistían en la neutralidad religiosa al estilo de los modelos de otros países, pero el modelo de neutralidad rompía innecesariamente con nuestra tradición laica y liberal. Algunos intelectuales todavía creen que el estado debe ser neutral en materia religiosa. Suponen que neutralidad y laicidad son sinónimos. No es así: el estado laico considera que las libertades religiosas son de orden público pero no de interés social. En la neutralidad el estado promueve la religiosidad, sin favoritismos, y en la laicidad la religiosidad es un asunto exclusivo de los particulares. El estado laico ni siquiera implica neutralidad; en sentido estricto tampoco implica arbitraje.
Visto a la distancia de casi veinte años, el artículo 130 aprobado en diciembre de 1991 es un caso ejemplar de abuso de la memoria. La razón histórica pesó más que la razón democrática. Ni el estado ni la iglesia católica fueron capaces de ver que la sociedad caminaba delante de ambos.

Los nombres de la intolerancia

(Segunda de cuatro partes)
Por fortuna la política no penetra en todas las facetas y espacios de la vida privada. Eso ocurre en los países donde aún se padece alguna forma de dictadura política, ideológica o religiosa. Aun en las democracias la política tiende a meterse donde nadie la llama; el estado a veces lo intenta en nombre del orden y la paz social; lo desean los enamorados del poder; lo predican los que creen y quieren que los valores democráticos invadan los espacios del amor, el sexo, la fe, la conciencia, la amistad, la familia, los sueños de perfección, la soledad sola o compartida, el derecho de caminar privadamente en lo público, el privilegio de mirar sin que te miren.
Pero los valores democráticos son para el régimen democrático, para civilizar la competencia, para poder derrocar al gobierno sin derramamiento de sangre. Llevados esos valores a la vida privada son aguas que pudren la buena fe, el respeto franco y espontáneo, la charla libre de reglas y observadores, el cigarro que humea a sus anchas, la existencia relajada junto a otros. La política es un mal necesario y nadie nos puede obligar a cargar con ese mal a todas partes. Un principio liberal nos recuerda que uno de los fines últimos de la política es dejar el máximo espacio posible a la privacidad. Las excepciones son normas positivas; deben ser claras y justas.
La defensa de la familia es una forma de defender la vida privada y la defensa de la vida privada es la mejor manera de defender la familia. Por eso es una contradicción que la defensa de la familia sea combatiendo la libertad de dos de formar una familia. Los que argumentan contra el derecho de matrimonio de personas del mismo sexo en realidad están combatiendo la libertad familiar: niegan la expectativa jurídica de quienes deciden formalizar con el matrimonio una relación interhumana básica. (No deja de ser extraño que muchos de los que antes predicaban el amor libre y criticaban el matrimonio y la familia por ser instituciones tradicionales y burguesas, ahora exijan formar parte de la tradición que fustigaban. No los critico; sólo anoto mi extrañeza).
Pero la familia no es una isla desprendida del mundo; no es un refugio de blindas de acero o una cueva donde los humanos tengan derecho a tratarse a zurriagazos. El matrimonio, que en sí mismo es una familia, es producto de la voluntad de dos. No hay un fin único del matrimonio. La mayoría se casa con el fin de eternizar su amor. El amor es un refinado sorbo liliputiense, diría Naipaul. El amor es eterno mientras dura, decía Borges con ironía metafísica. Pero el amor y el desamor son asuntos privados. El estado no puede promover el amor por la misma razón por la que no puede meterse a resolver el problema del desamor. La felicidad y la infelicidad son asuntos privados. En esta lógica se inscribe la laicidad del estado en materia religiosa: no puede promover la fe por la misma razón por la que no puede promover la no fe; no puede llamar a creer por la misma razón por la que no puede convocar a no creer; no puede dar impulso a la religiosidad por la misma razón por la que no puede promover la irreligiosidad o la anti-religiosidad; no puede prohibir la adoración de dioses por la misma razón por la que no puede prohibir la adoración de demonios. Son asuntos de la vida privada, pero sujetos a la crítica pública. Lo que el estado debe es garantizar las libertades de creer o no creer, de manifestar una fe o no manifestarla. Al estado no le interesa que la gente crea, sino que la gente tenga la libertad de creer lo que le parezca mejor, personal, familiar y grupalmente.
El argumento político de lo social le otorga sentido a la familia y luego la democracia garantiza que la familia no oprima a los individuos ni se adueñe de la administración de sus libertades. Por muy tradicional que sea una familia, si es opresora, es deleznable. La familia es tan importante que no se puede dejar en la exclusividad de la voluntad de uno de sus miembros o en los dictados de una institución. Sólo un deschavetado puede creer que la violencia doméstica es un asunto sólo doméstico. Las libertades de la familia son amplias y sus límites son pocos y precisos. ¿De qué hay que defender a la familia? De los intentos de control de las tribus sociales, de la manipulación sectaria, de la imposición de un pensamiento único.
Es obvio que en cada familia los padres deciden el tipo de formación religiosa de sus hijos o de no formarlos religiosamente. Es su derecho. Las excepciones y los límites sólo pueden determinarlos normas de orden público, las normas penales, pero no solamente éstas. Los padres tienen derechos y obligaciones educativas con los hijos, pero no pueden decidir, por ejemplo, no mandarlos a la escuela básica; no pueden imponerse entre cónyuges, pongamos por casos, una moral o religión determinada, un modo específico de relación conyugal, una ideología, un carácter. El acuerdo es de dos, teniendo en cuenta lo que nos debemos los unos a los otros. Ni siquiera tienen derecho a imponerse gustos musicales, gastronómicos, el color de la falda, el corte de cabello o la hora de ir a la cama. Compartir gustos y preferencias de modo complementario es un buen principio. Si alguien lamenta el incremento de divorcios, no se ocupe tanto de la falta de valores morales y religiosos y mejor siga la pista de la falta de respeto a la individualidad entre cónyuges. La relación amorosa es complemento, no fusión, y algunos y algunas lo encuentran en personas de su mismo sexo; muchas veces, como ha dicho el escritor napolitano Erri de Luca en su libro de cuentos El contrario de uno (Siruela, 2005), dos personas no es el doble de uno, sino el contrario de uno: dos no es dos veces uno, sino el contrario de su soledad. De Luca llega a México en un par de días y ya nos explicará su interpretación de dos soledades que deciden vivir juntas.
La defensa de las relaciones interhumanas y comunitarias también es una defensa de la familia. No se defiende a la familia sin más; no se la enaltece sin ver la decadencia del respeto mutuo, la violencia física y moral y las muy socorridas violencias calladas de la indiferencia, de ese odio recíproco que va pudriendo el alma en silencio, golpe a golpe de miradas crueles, de gestos podridos, de la espalda como rostro. La defensa de la familia pasa en primer lugar por el reconocimiento mutuo. Lo dice muy bien Todorov: “Los seres humanos aspiran a reconocimientos simbólicos infinitamente más de lo que buscan la satisfacción de los sentidos”.
La defensa de la familia es, además de la integración del parentesco sanguíneo o por afinidad, la defensa de una buena relación interhumana, necesariamente social y suficientemente privada. De otro modo le estaríamos dando la razón a Margaret Thatcher cuando decía que sólo existían tres grandes categorías humanas: el Estado, la Familia y el Mercado. Decretó el fin de la sociabilidad del ser humano.
La familia oprimida por el estado es típica de sociedades cerradas, de estados absolutos, de dictaduras totalitarias. Pero la familia oprimida por las iglesias o por el Mercado de Margaret Thatcher son opresiones igualmente calamitosas. Si se defiende a la familia de lo que Fernando Savater llama “instituciones devoradoras”, en primer lugar defiéndasela de la familia misma.
Unos padres razonablemente previsores no envían a sus hijos de doce años a un internado religioso o militar; tampoco permiten que un iluminado los lleve a retiros espirituales sin antes verificar de quién y de qué se trata. Muchos peligros provienen de la propia familia y de organizaciones privadas o criminales que trafican con sus almas y sus cuerpos. Los curas que se han lanzado contra la Corte habían de tener en cuenta esta realidad a la hora de proferir injurias. Cada vez que la jerarquía católica predique la defensa de los niños tenga presente al padre Marcial Maciel.
El intercambio de acusaciones en que acabó convertido el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho de adopción muestra que en la sociedad mexicana goza de cabal salud la más rancia de las intolerancias morales. La reforma al delito de aborto enardeció su odio: llamó asesinos y asesinas a unos y otras. Hace unos días el vocero de la Arquidiócesis de México, Juan Valdemar, declaró que Marcelo Ebrard y el gobierno han creado leyes destructivas de la familia que hacen un daño peor que el narcotráfico. La desproporción es de una violencia verbal que trasciende el simple desacuerdo y se enreda en una espiral de intolerancia que puede pasar de las palabras a las manos. Pero no se piense que la intolerancia tiene domicilio conocido: el PRD de los Ebrard y los López Obrador no ejemplifica la tolerancia sino la incivilidad.
Los fanáticos no tienen argumentos, tienen consignas. Reflejan, por desgracia, la intolerancia que anida en sectores sociales poco afectos a la reflexión razonada. Si se revisan detenidamente los orígenes de muchos de los más cruentos conflictos familiares y sociales, casi siempre nos vamos a encontrar con la desproporción. Exagerar un hecho, llevarlo al extremo, profetizar sus efectos últimos y definitivos, es un modo de inducir lo que se quiere evitar. La hinchazón de los juicios suele provenir de personalidades dilemáticas. Pero la exageración no sirve a la vida familiar ni a la política: todo se extrema, se polariza; los fanáticos tienen una base trágica de la vida: el humor los corroe; no ven la variedad de tonos grises entre el blanco y el negro. El vicio maniqueo proviene de los usos que se da a los textos sagrados: la Biblia, el Corán, los libros de Lacan y Omejn.
Hace falta un mínimo de buena fe. Nadie quiere matar a nadie; ninguna institución pública se propone producir daño a la familia; nadie pretende socavar o reducir las libertades fundamentales. En el otro lado, los sectores conservadores y clericales no obran con la intención de destruir a las instituciones públicas o derrocar al gobierno.
Por lo demás, el escrutinio racional es indispensable; sin él, no se podrían tomar las decisiones que eligen entre valores en conflicto.

La sonrisa de la gladiola

1
Los ruidos, los sonidos y los silencios han sido suplantados. En realidad no han desaparecido: el estruendo ha debilitado sus voces; su objetividad audible es la misma pero los sentidos humanos no saben de leyes generales de la naturaleza; las ramas crujen solitarias y el ritmo de la lluvia mantiene sus distintos tiempos, unos amables y otros temibles; la opacidad de los viejos ruidos, sonidos y silencios ha sido causada por texturas arcillosas, oxidación, decadencia del oído, divinización del olvido. Por decirlo así, la ciudad es una competencia de ruidos y silencios, de tiempo vivo y naturaleza muerta, de sonoridades conocidas y sintonías desconocidas.
En una guerra la gente ya no oye los ladridos ni los graznidos; durante el miedo el aroma de los geranios se macula de humo de aceite quemado y el ruidillo de las hojas secas arrastradas por el viento interioriza sus matojos y flirteos; en momentos y lugares donde la violencia se ha apropiado de las calles y de las plazas sólo se oyen los disparos, el ulular de sirenas voraces de sangre. Las campanas de los templos pierden los tonos, las intensidades, los compases y los significados que antes difundían un lenguaje, una señal, una llamada, un misterio. El tañer de las campanas es un enigma tan extático como descubrir que los árboles crecen hacia arriba y cuelgan hacia abajo, como el mechón en la frente de una muchacha triste. Soy un amoroso de los árboles de nogal; caminar dentro de una nogalera en época de floración es conocer el cielo desde dentro; en invierno sus ramas desnudas y larguiruchas dibujan los altos y los bajos de la canción húngara Domingo sombrío. El que ha estado entre nogales sabe lo que digo.
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México, se dice con una metáfora, nació con el repique de una campana y un grito. El repique de campanas, con sus distintos tiempos y armonías, eran anuncio de duelo o júbilo, un llamado a misa o a una rebelión. En condiciones normales, el lenguaje sonoro de los campanarios de la ciudad ha sido parte de nuestra forma de ver, sentir y pensar la vida. Nunca he estado en un campanario, pero desde niño creo que ha de ser como ver la luna desde una estrella, así como lo ven los pescadores el río donde su esperanza de cada día es un zigzagueo moroso y amoroso.
3
He conocido personas a las que les molestan los campanarios y el sonido grave o agudo de las campanas. Me enteré de esta molestia en la película Baile con el diablo (Mephisto waltz, 1971). Por cierto, Sergio Pitol escribió un relato estupendo titulado precisamente Vals de Mefisto, en el que la música es la trama, la prosa y el personaje. La película Baile con el diablo fue protagonizada por el excelente actor Alan Alda en el papel mefistofélico y por la también excelente actriz Jacqueline Bisset, la mujer más hermosa y atractiva que ojos refinados y de gusto exquisito hayan visto jamás, al menos desde que los lectores de literatura rusa recreamos la belleza de Bela, “la muchacha preciosa, alta, fina, de ojos negros como de cabra montés que se le metían a uno en los ojos” de Mijaíl Lérmontov (Un héroe de nuestro tiempo) o la hermosa y poética Olenka de Antón Chéjov (Un drama de caza), traducida –¿por quién si no?– por Pitol.
(Valiéndome de una falsificación, tuve la suerte de conocer a Jacqueline Bisset en Cuernavaca (¿1984?), en un descanso durante la filmación de Bajo el volcán. La entrevisté durante una hora, a la vista de unos framboyanes altaneros pero hermosos. La credencial era falsa pero Jacqueline Bisset era una verdad absoluta; además, la prescripción corrió a mi favor y, por otro lado, cualquier juez me habría absuelto al enterarse, no sin envidia, de la finalidad estética de mi triquiñuela. Bisset empezaba a sonreír apretando un poco sus delgados labios; esa era la señal de adviento; luego, así como brota al sol una gladiola, la sonrisa se abría paso lentamente sobre su rostro perfecto; sus cejas ligeramente enarcadas y su aroma a yerbabuena fresca, deslizaba su mirada azul de arriba abajo, así como un trago de buen whisky resbala por la cascada de piedrillas nerviosas y frágiles de la frente).
En la película Baile con el diablo, en un despertar de ambos actores en un hotel mexicano (creo que de Monterrey), a Alan Alda le brota el demonio que lleva dentro al escuchar el tañido generalizado de las campanas de todos los templos de esa ciudad norteña. Casi se vuelve loco. Si la escena se hubiera rodado en Querétaro, creo que Alda no se habría vuelto loco: simplemente habría caído fulminado por el tañer desgarbado y eterno de los campanarios echados al vuelo de nuestra ciudad.
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En el relato Caoba de Borís Pilniak (¿hace falta decir quién es el traductor?) se narra un hecho que, leído a la distancia de tiempo y lugar, es una pesadilla. Una ciudad rusa vivía inmersa en un silencio inmóvil e impenetrable; dos veces al día soltaba un alarido de tedio con las sirenas de sus barcos y el tañido de sus antiguas campanas. Pero en 1928 las campanas fueron decomisadas y entregadas a un trust metalúrgico. Fueron retiradas de los campanarios por medio de poleas, palos y cables, y luego caían al suelo, cantando un lamento secular y soñoliento, un llanto que invadía la ciudad dormida. Cuando las campanas comenzaron sus lamentaciones en las calles reinaba un oscuro silencio, pero al caer cada campana el rugido todo lo ensordecía; incluso el viento escondía sus murmullos fantasmales. Cuando la ciudad despertó, la gente lloró al recordar el lamento de las campanas. Las más grandes y pesadas producían al caer un estruendo como el de un disparo de cañón; se estremecían los vidrios y los nervios; las ventanas vibraban, crujía la madera de caoba y hasta las tinieblas chirriaban de espanto.
Un personaje del relato de Pilniak argumenta que el alimento de la civilización es la memoria: “¿Se imagina las escenas que podrían producirse si por la mañana los hombres descubrieran que habían perdido la memoria y que les quedaban el instinto y la razón pero no la memoria?”
El tañido de las campanas es una forma de respirar la antigüedad. La variedad de sus sonidos son los visados para entrar en los caminos del bosque de los recuerdos. Así es la vida: en la medida en que el tiempo te va arrancando en jirones la juventud, la memoria se va perdiendo y en su lugar aparecen los recuerdos. En la ciudad rusa donde en 1928 morían las campanas, moría también un pedazo de sonido, que es tiempo, moldeado durante cientos de años.
El opaco sonido de las campanas de nuestra ciudad también es una caída en el pavimento; nadie escucha sus lamentos. Los campanarios siguen ahí, como cuevas misteriosas que sólo unos pocos han visto. Ya no hay campaneros como los de antes: hubo un tiempo en que ser campanero no era un privilegio cualquiera; era una actividad artística. Se necesitaba, además de fuerza, un sentido musical que sólo les ha sido dado a los grandes directores de orquesta.
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En el barrio, en una de las esquinas de Arteaga y Nicolás Campa, vivía el campanero de Santa Rosa de Viterbo. El padre Garza dirigía el colegio Salesiano. Después del padre Garza ya nada fue igual: su sucesor, el padre Aznar, cometió el pecadillo de huir con la dueña de la librería María Auxiliadora, pero su pecado mortal fue que despidió, por no sé qué intrigas del sacristán, al campanero, y en el barrio se oyó el lamento quejumbroso de las campanas al caer en el pequeño atrio.
El hijo del campanero, de nuestra edad, era la envidia del barrio: los domingos acompañaba a su padre al templo y subía con él al campanario. Su ilusión era ocupar algún día el puesto de su padre. Lo repetía seguido: “Cuando sea grande, voy a ser el campanero de Santa Rosa de Viterbo”.
Con el hijo del campanero íbamos al Cerro de las Campanas a repicar las peñas huecas que guardaban para sí el testimonio del fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía cien años atrás, pero guardaban con más celo los secretos eróticos de miles de parejas que durante cientos de años ahí mullían su amor. Con varillas o fierros oxidados golpeábamos suave o bruscamente las rocas amontonadas. El hijo del campanero sublimaba los sonidos, pero lo hacía con dos piedras que seleccionaba según criterios que nunca rebelaba. “Escuchen”, decía: armonía, ritmo, melodía.
El hijo del campanero era un verdadero director de orquesta y era capaz de extraer de una piedra la escala cromática, del Do-4 al Do-5, con nítida claridad de los semitonos. Juraría que una vez arrancó de una roca, cubriendo unas partes de ella con tres piedras macizas, el sonido fermata que Paganini se negaba a enseñar. El hijo del campanero se llamaba Fabián; le decíamos de cariño Jaboncito, por aquello del jabón FAB. Fabián estudiaba música con el padre Conejo, pero abandonó la escuela el día que su padre fue cesado como campanero de Santa Rosa de Viterbo.
El hijo del campanero lo sabía todo. Vivía la vida a pasos agigantados. Era el primero en todo, sobre todo en el conocimiento de la música de la naturaleza. Sólo él trepaba a la cumbre de los árboles más altos y desde ahí gritaba no sé qué reclamos al cielo. Era el único que se atrevía a entrar al cuévano más profundo, ubicado unos metros abajo de la capillita que el imperio de Kakania edificó en memoria de Maximiliano. Todo en él era deprisa: dejó la escuela, murió su ilusión de llegar a ser el campanero de Santa Rosa, abandonó el barrio, se adentró en las tinieblas del alcohol. Murió en un pleito de cantina, acuchillado. Apenas tenía quince años. Por esos días la maquinaria pesada invadió el Cerro y destruyó salvajemente las campanas rocosas. También por esos días murió nuestra infancia.

El espectáculo del olvido

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El primero de los deberes cívicos de una sociedad democrática es con la memoria. El olvido es el malestar menos estudiado de la cultura mexicana de nuestro tiempo. Paul Ricoeur (La memoria, la historia, el olvido) explica su preocupación pública ante el espectáculo de conmemoraciones, abusos de la memoria (y del olvido) que hay en el mundo. Las celebraciones del Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución son el espectáculo del olvido mexicano. Los festejos se han comprimido en una frase publicitaria: “Bicentenario y Centenario”, como si se tratara de una moneda de oro de dos caras que se pone a la venta. Dos grandes sucesos de nuestra historia, distanciados cien años uno del otro, van empaquetados en una oferta de dos en uno por el mismo precio. ¿Por qué van juntos en una sola exhibición? ¿Qué recordamos cuando se conmemoran a un tiempo dos acontecimientos distanciados cien años? ¿Por qué no separarlos, distinguirlos, situarlos en su propio contexto, en su propia lógica, en sus respectivos ideales, circunstancias y pasiones?
Las conmemoraciones mexicanas son, en efecto, abusivas; sus efectos son más dañinos que los de cualquier otro abuso: oscurecen, obnubilan, empañan, anulan la memoria. Las conmemoraciones del Bicentenario y del Centenario abonan a la desmemoria. Los excesos de festividad oficial han borrado del mapa de la reflexión pública la obligación cívica de la memoria; los decibeles que producen los cohetones y los fuegos artificiales entontecen la necesidad de mirarnos en los espejos de doscientos años de historia propia; los mamotretos conmemorativos que están publicando los gobiernos, las universidades y los institutos de investigación son, a juzgar por su peso, tan lapidarios como el bronce y la cantera de las estatuas de los cientos de héroes que llenan todas las plazas del país; las marquesinas, los anuncios espectaculares, las carteleras celebratorias, los suplementos de los periódicos, los balbuceos de los historiadores en programas televisivos (los cortes comerciales no permiten sino balbuceos) no han logrado sino adelgazar la memoria, difuminarla, hacerla añicos, fragmentarla hasta convertirla en un polvo negruzco que nos impide mirar el rico trayecto de doscientos años de sucesos y edificaciones, de encuentros y desencuentros, de enfrentamientos y confrontaciones, de las muchas maneras con que nos hemos entendido y desentendido, de la inmensa variedad de modos como nos hemos conocido y reconocido. Las conmemoraciones del bicentenario y del centenario son quizá los peores abusos públicos que durante este 2010 nos han infringido el poder, los intelectuales y los paparazzi de la historia. Los organizadores de la fiesta no fueron capaces de mostrar el objetivo de construir “la idea de una política de la justa memoria” (Ricoeur) como el deber cívico más importante del 2010.
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Nos invitan a conmemorar, no a rememorar. Conmemorar tiene un sentido eminentemente religioso, sobre todo en su acepción de “solemnizar el recuerdo”. Conmemorar en vez de rememorar es un viejo defecto nacional. El lenguaje religioso, los símbolos, los iconos, los ritos, el incienso, las ofrendas florales, los cantos, los rezos, los altares, las celebraciones, el amplio conjunto de formas solemnes y sacras de la religiosidad mexicana labrada durante más de trescientos años pasó a ser, como escribe David Brading (Mito y profecía en la historia de México), nuestra “religión cívica, provista de su propio panteón de santos, su calendario de fiestas y sus edificios cívicos adornados de estatuas”. ¿Acaso no alardeaban los discursos de los gobiernos del PRI de fe republicana, altar de la patria, panteón de los héroes (los santos laicos), veneración de los símbolos patrios, desfiles de peregrinos?
En la escuela aprendimos a conmemorar, no a rememorar. El proceso conmemorativo ha sido largo y festivo; proviene, en línea recta, del liberalismo sacro del siglo XIX; pasó por la fastuosidad de las fiestas porfirianas del Centenario de la Independencia en 1910, y llegó hasta nosotros radicalizado por la ideología revolucionaria y por un nacionalismo patriotero que justificó, en nombre de la justicia social, los peores atropellos a la razón democrática y el retraso de la reconciliación histórica.
La conmemoración irreflexiva en la que fuimos formados en la escuela nos dio una fe cívica, no el examen de una experiencia histórica ni el ejercicio de una razón política. Se nos enseñó a creer, no a pensar: fe en la Patria, en los héroes, en el Señor Presidente, en las Instituciones Nacionales; y también se nos enseñó a odiar: a los traidores, a los infieles, a los enemigos de México, a los reaccionarios, a los diferentes. . . Es exagerado decir que fuimos educados para el fanatismo, pero no lo es decir que el abuso de las conmemoraciones abonó el camino del rencor y luego el del olvido. Padecemos el abuso de la memoria pero más padecemos el abuso de la desmemoria. En la escuela nos predicaron la devoción patriótica, no la rememoración de acontecimientos, la explicación significativa de hechos, guerras, personajes, ensayos constitucionales y políticos, certezas culturales, agravios y desagravios sociales, edificaciones liberales y democráticas. La historia fue objeto de conmemoración y los héroes de la Patria fueron objetos de culto y devoción; petrificados en pedestales, a nuestros personajes históricos les cercenaron sentimientos, emociones, razones, circunstancias: fueron silenciados a perpetuidad, deshumanizados por una fe histórica que santificó a unos y condenó a otros. La división que nos produjo la interpretación bipolar de nuestra historia se mantiene hasta nuestros días como un muro descarapelado y enmohecido pero macizo y macilento.
3
Rememorar es la búsqueda del pasado que nos habita, el pasado que nos lastima y nos divide, el pasado que es necesario traer al presente porque nos es útil para conocernos y reconocernos. Rememorar es una afección en el sentido clásico, pero es también un esfuerzo de memoria, la edificación racional de los recuerdos. Si, como decía Platón, la memoria es la presencia de lo que está ausente, el esfuerzo de memoria es una tarea caracterizada por la tensión y la relajación. La imaginación histórica –una virtud del historiador– nos permite conciliar esfuerzo y complacencia, dolor y gratificación, sentimiento y razón.
De nuestra historia tenemos imágenes, no imaginación. Las imágenes son figuras pétreas que representan lo que no fue o lo que no fue como nos dicen que fue. Rememorar es, en todo caso, dar razón del pasado, mirarnos en sus muchos espejos, reconciliarnos con lo que ellos reflejan. Y dar razón del pasado no es concebir la historia como una abstracción de sucesos aislados y desencarnados, desprovista de hilos nos ayuden a desmadejar la complejidad de hechos y personas, sino –escribe Enrique Krauze en La presencia del pasado– como una fuerza que “tiene caras, sentimientos, pasiones, ideas y creencias”.
La memoria es memoria del pasado. Pero el esfuerzo memorioso no es un oficio de anticuarios o nostálgicos; su creatividad consiste en aspirar a mirarnos en el pasado con la afección que nos produce el sufrimiento de los que se enfrentaron y la gratitud que debemos a miles o millones de héroes anónimos que construyeron la mejor de las sociedades posibles, con defectos innegables y virtudes evidentes. Pero esto requiere un esfuerzo que convierta la memoria en un hábito cívico. Escribe Ricoeur que el recuerdo ya no consiste en evocar el pasado, sino en efectuar saberes aprendidos, ordenados en un espacio mental: “Pero esta memoria-hábito es una memoria ejercitada, cultivada, elaborada, esculpida”.
4
Lo primero que debemos recordar es que hemos olvidado. Recordar el olvido es quizá una de las tareas que debió estar en el centro de las conmemoraciones. El Bicentenario de la Independencia se conmemora en todo el país, en cada rincón, a todas horas, en cada acto oficial, en multitud de hechos y motivos: nombres de calles, grandes avenidas, puentes y circuitos viales, presas, parques, espectáculos, carreras pedestres o ciclistas, partidos de futbol, conciertos, iconografías voluminosas y pesadas como lápidas que son abandonadas en las habitaciones de los hoteles, discursos, pirotecnia, pura memoria artificial. Se repite como estribillo de lotería de pueblo que estamos en el año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, sin diferencia alguna entre un suceso y otro, ni siquiera la temporal, la de cien años de distancia entre esos momentos, como si ambos acontecimientos fueran una sola cosa. Las evaluaciones escolares en conocimiento de nuestro pasado ofrecen resultados que serían risibles si no se tratara de la memoria histórica. La confusión espacio-temporal es una catástrofe cultural de grandes dimensiones.
5
La rememoración lleva implícita la idea de “concertación”. Habría que empezar por denunciar los usos peyorativos que tiene en México ese vocablo y las perversiones que el fanatismo histórico y la intolerancia política han hecho de esta palabra cuya genealogía nada tiene que ver con la descalificación. Concertar proviene del latín concertare: combatir, debatir, discutir; se deriva de certare, luchar; su paso a las lenguas romances devino en acordar, pactar, componer, poner de acuerdo. . . La combinación semántica de la palabra resulta en un debate que tiene como objetivo llegar a un acuerdo. Su significado y uso como “acordar” y “acuerdo” se extienden sin dificultad semántica a recordar y recuerdo. La concertación refleja dos usos históricos que pertenecen al ámbito de la razón: recordar que hemos olvidado y debatir para llegar a un acuerdo.

Simulacros

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Un grupo de niñas de una ciudad fronteriza se dispone a jugar. De momento no saben a qué. Se sientan en círculo y se miran. Han jugado antes a tantos juegos que esperan un juego distinto, nuevo. Una niña de ocho años resuelve la expectación del grupo y propone: “Vamos a jugar a que vivíamos en una época en que no había violencia”.
Los padres de esas niñas conocieron, cuando fueron niños, la violencia por televisión. Esos padres nacieron entre 1970 y 1985. Cri cri ya era obsoleto y todavía más arcaicos eran los cuentos de hadas, los príncipes encantados, las brujas malvadas, los duendes de los bosques, las historias de fantasmas y aparecidos. La violencia televisiva escandalizó a los moralistas de ese tiempo: curas, profesores, padres de familia, agrupaciones católicas, intelectuales, académicos.
Es un despropósito deducir la violencia actual de la violencia televisiva o de los juegos de maquinitas donde niños y adolescentes manipulan con sorprendente maestría las masacres espantosas que libran monos todavía más espantosos. La deducción es falsa porque esos padres, cuando fueron niños, no confundían la fantasía con la realidad. La confusión, en ellos y en todos, sólo llega cuando se hacen adolescentes, jóvenes, adultos, padres.
Los niños juegan, saben que juegan y saben a qué juegan; sólo los adultos confundimos el juego con la realidad y la realidad con el juego.
2
Una de esas tardes de julio cuando el sol coagula el aire, frente a unas jacarandas perezosas de la colonia Niños Héroes, un grupo de adolescentes juega al secuestro. Tres de ellos, enmascarados como policías, soldados, sicarios o revolucionarios, simulan un secuestro, el de una muchacha de no más de quince años. Ella actúa como si nada; va en su auto, circula relajadamente. Los secuestradores se interponen; dos de ellos descienden con pistolas de juguete, amenazan a la muchacha, la bajan del vehículo, le tapan la boca y los ojos y la fuerzan a subir a la camioneta. Luego viene el arrancón chirriante. Apenas fueron unos segundos. La representación bien pudo ser filmada sin cortes. Los adolescentes que permanecen en la ancha banqueta del camellón aplauden la actuación. Son adolescentes de clase media, jovencitos que también quieren un juego distinto, nuevo.
De los ejemplos de las niñas que juegan a que vivían en una época en que no había violencia y el de los adolescentes que juegan al secuestro no se pueden sacar conclusiones inequívocas. Y, sin embargo, esos hechos significan algo; los especialistas (psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores) nos pueden decir algo más de lo que se ve a primera vista.
En un artículo reciente Soledad Loaeza escribe que “el narco y la violencia se han apoderado también de nuestra imaginación”. En los medios masivos no se habla de otra cosa. Los narcotraficantes se disputan calles, poblados y regiones; imponen su agenda al gobierno y a los medios masivos; definen el contenido de las charlas entre amigos y, peor aún, se están apoderando de la imaginación de niños y jóvenes.
Sin embargo, las niñas de la ciudad fronteriza que juegan a que vivían en una época en que no había violencia juegan a la esperanza, mientras que los adolescentes de la colonia Niños Héroes que juegan al secuestro recogen las briznas de la desesperanza.
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A pesar su genealogía vergonzante, la denominación “colonia” dada a los asentamientos que se ubicaron fuera del casco antiguo de la ciudad (dividido en dos: el centro y los barrios), las colonias cumplieron una función social de gran importancia: fueron, ya en la década de 1970, una soplo de aire fresco que la ciudad respiró por primera vez en su centenaria historia. Antes de las colonias y los fraccionamientos, la ciudad era lo más parecido a la ciudad que padeció Thomas Bernhard en su infancia y adolescencia: una ciudad de fachadas. La nuestra era toda ella una fachada; sus fundamentos eran la discriminación y la hipocresía moral; los enormes y gruesos muros de las casonas de las principales calles del primer cuadro eran pura portada en el sentido dado por Bernhard. Si se traspasaba el recibidor de mosaico rojo reluciente y su hilera de helechos y petunias, en sus interiores se respiraba el hedor moralizante, la paternidad autoritaria y los bacines repletos.
El primer cuadro de la ciudad era una cara infranqueable; dentro se escondían secretos inconfesables: el loco arrumbado en el último cuarto, la hija embarazada en su cárcel de seda y silencio (llegado el momento, era llevada con unas monjas de Celaya para dar a luz. Había en la ciudad traficantes de recién nacidos que “negociaban” con matrimonios extranjeros al bebé indeseado), las criadas tallando a rodilla pelona los ladrillos colorados, el catolicismo chambón y de conveniencia, la mentira, el abolengo enmohecido.
La tentación suicida demuestra que en esas casonas había también una “habitación de zapatos” como en el internado de Bernhard: se sufría la perfidia de padres altaneros que, como el padre de Kafka, se envanecían ante sus hijos de los esfuerzos y sacrificios de su infancia, proclamaban lo bien que ahora vivían los jóvenes y recelaban de las modas juveniles, que en la década de 1960 eran el rock and roll y la duda.
Conocí a muchos de esos niños y adolescentes de 1960. Unos se rebelaron, se fueron lejos; otros se hicieron drogadictos y se fueron aún más lejos; la mayoría estudió lo que no quería y algunos se volvieron locos y fueron llevados al manicomio. Con los años regresaron: sonreían como idiotas, saludaban mecánicamente, la dicción les fue afilada con una lima dentada que raspó sus aguerridos cerebros. La rebeldía de los jóvenes de la ciudad-fachada fue decapitada.
La ciudad ha cambiado: ha sido encubierta con pintura firme, se encalaron los gruesos muros, se pulieron las canteras, se vaciaron los orinales. Pero las fachadas no cantan: esconden secretos, silencian martirios, refulgen sombras de crueldad sobre niños lastimados de por vida.
Desde Agapito Pozo (1943) la ciudad ha sido gobernada trinitariamente: el gobernador político, el gobernador eclesiástico y el gobernador económico. Han coexistido pacíficamente durante casi setenta años. En la sede del obispado compartían el pan, la sal y las indulgencias. A veces las fiestas eran de carrera larga. Los taxistas maloras llamaban al edificio episcopal el “Obispedo”. No se puede entender la historia de la ciudad sin estudiar a fondo la división de poderes que en los hechos ha funcionado como máquina de reloj durante siete décadas. Gracias al gobierno trinitario la ciudad ha gozado, como dicen los discursos, de tranquilidad pública y paz social. Actualmente el gobernador económico ya no se deposita en una sola persona, y este hecho ha modificado lo que los académicos llaman “correlación de fuerzas”. Los valores democráticos no han podido derruir el muro del sistema trinitario de gobierno.
4
Pero ¿cuándo se tiene conciencia de que un juego es un juego y cuándo se confunden juego y realidad?
Chesterton decía que había que estirar la niñez. Es penoso que los padres modernos, irreflexivos, se dejen convencer por las chácharas psicológicas que hoy se venden en el mercado educativo como tacos al pastor. Tratan a los niños como adultos y a los adultos como niños. La escuela se ha convertido en una gran bodega: de bebés van a la guardería, antes de los cuatro años van al maternal, luego al kínder y en adelante la escuela es una guardería de adolescentes y adultos. Los padres no tienen alternativa: hay que trabajar, realizarse, tener vida propia, “empoderarse”. Pero el mal menor a veces es un mal del tamaño de una montaña inabarcable.
Los niños no confunden el juego con la realidad. La confusión empieza cuando la niñez es metida en una caja de archivo muerto. La imaginación se debilita y las canciones de Cri cri se vuelven bobas. Habría que explicar a los niños palabras como “barro”, “sopa de quelites”, “cruja”, “alfarero”, “y ni ánimas”, “puras habas” y otras. Creo que Chesterton se habría carcajeado al escuchar el intercambio de insultos entre el comal y la olla. Ningún niño de la época de Cri cri se engañaba; su imaginación era más real que muchas enseñanzas escolares. Un niño, dice, entiende la naturaleza del arte mucho antes de que entienda la naturaleza del razonamiento. Es cierto, la estética es anterior a la ética, a la política y a la ciencia.
5
Las niñas que juegan a que vivían en una época en que no había violencia saben su juego: no se engañan pero no se desengañan. El secuestro simulado también es un juego y la ruleta rusa también lo es.
La niñez se ha comprimido; los padres y la sociedad plantean exigencias absurdas en las que casi todos caen: preparan a sus bebés para el futuro. Y en nombre de tan honorable coartada, cercenan las maravillas del presente, el tiempo de la niñez, el bendito espacio donde se puede ser completamente feliz, sin artificios ni respingos. Nunca he entendido los castigos a los niños. Detesto que se diga que es por su bien. Esos padres son, como decía el desgraciado Thomas Bernhard, vulgares procreadores.
Las niñas de la ciudad fronteriza que juegan a que vivían en una época en que no había violencia tienen una imaginación tan real como los cuentos de hadas, duendes, elefantes que vuelan y el pleito de dignidades ofendidas entre el comal y la olla.
El niño sólo pretende hacer entrar su cabecita en el cielo y el adulto pretende hacer entrar el cielo en su cabeza, hasta que le explota. Chesterton afirmaba que a los seis años era más sabio que a los veinte. Pero agregó: “Dios no permita que esto me sirva de base para una teoría pedagógica”.