Democracia y caciquismo

En el examen que lleva a cabo Enrique Krauze de la democracia en México, a una década de la alternancia en el poder presidencial, una afirmación suya me parece relevante para completar el cuadro explicativo de los avances, las modorras, los retrocesos, las inercias y las nostalgias políticas en el México convulso y violento de nuestros días: “Ahora la democracia mexicana podrá seguirse consolidando en donde más lo requiere: el nivel estatal y municipal”.
El autoritarismo no ha desaparecido, sólo se ha dispersado; su fragmentación ha federalizado el régimen de caciques y abusos locales. Apenas exagero al afirmar que los gobernadores se convirtieron en presidentes de la república de sus estados y los alcaldes se conducen como gobernadores de sus municipios. Sin duda hay excepciones, pero las excepciones no hacen sino confirmar la regla.
Los avances democráticos del orden federal en división de poderes, libertad de expresión, transparencia y responsabilidad pública están muy rezagados en estados y municipios. Los gobernadores son poco menos que monarcas sexenales de los estados que gobiernan. El funcionamiento de los poderes legislativo y judicial y el de los organismos autónomos sigue dependiendo, en sus decisiones medulares, de la voluntad del gobernador. Los ayuntamientos, a pesar de la pluralidad de su integración, no funcionan como autoridades colegiadas. El presidente municipal mantiene un poder desmesurado que anula la deliberación en el cabildo y favorece el ejercicio unitario del poder.
En diez sencillos apuntes conjeturo una explicación general:
1) El origen jurídico-político de los estados es la Constitución Federal de 1824. En los hechos, sin embargo, los gobernadores están más emparentados con los jefes políticos del centralismo del siglo XIX que con el espíritu de autonomía estatal del sistema federativo del constitucionalismo moderno, que en nuestro caso lo situamos a partir de la Constitución vigente, la de 1917. Durante el siglo XX (de 1929 a 2000) los gobernadores del PRI, designados realmente por el presidente de la república, tenían como responsabilidad fundamental la de mantener el orden y la paz en sus respectivos territorios. Su obediencia al presidente era incondicional; esa obediencia era su razón de ser, el más importante de sus deberes republicanos, su seguro de vida. No cumplir escrupulosamente con la fidelidad religiosa al Señor Presidente tenía consecuencias previsibles y contundentes: desaparición de poderes y muerte política.
2) La alternancia en los poderes municipales y estatales modificó relativamente la vida política local. Culturalmente, sin embargo, los gobernadores no han podido ni querido ni permitido la emancipación de los otros poderes públicos. Herederos en línea recta de los jefes políticos del siglo XIX y de los caciques del XX, los gobernadores son aceptados como los líderes políticos y sociales por los poderes legislativo y judicial y por los titulares de los organismos autónomos (institutos electorales, comisiones de derechos humanos, comisiones de información pública). Los funcionarios locales no han desenredado la madeja de la servidumbre voluntaria; las raíces autoritarias se hunden en la vieja concepción de que el gobernador es el responsable de todo cuanto ocurre en el estado que gobierna y en la incapacidad de los otros poderes públicos de ejercer una independencia que sea al mismo tiempo libre y responsable.
3) Entre la clase política se ve con buenos ojos al gobernador que tiene el control de los medios de comunicación. “Manejo de medios”, se dice. La represión contra periodistas y comunicadores no es la regla general, pero son legiones de ellos cuyo servilismo hace innecesaria cualquier acción represiva. En los estados se necesitan periódicos locales que dependan más de sus lectores y anunciantes privados que del gobierno.
La democracia es confrontación o no es democracia. La confrontación nos fortalece, si no se confunde con enfrentamiento. Todavía tiene mala prensa que los diputados discutan y confronten sus posturas e intereses. Cuando en un congreso local los diputados debaten un asunto por más de dos semanas, los propios medios de comunicación lanzan sus reproches. He escuchado y leído a periodistas que exigen: “ya dejen de discutir y mejor pónganse a trabajar”, como si la principal tarea de un órgano legislativo no fuera la de pelear democráticamente todo el tiempo, no importa que a veces se pierda la compostura. Nadie paga por ver una pelea de box en la que los rivales intercambian besos y linduras. Confrontación es confronta, contraste, compulsa, cotejo, contradicción, deliberación, debate, discusión. . . a todo eso se le llama diálogo democrático. Sólo después deviene en decisión mayoritaria.
4) Las autoridades municipales también tienen su corazoncito y ahora se han llenado de funciones de fomento y promoción en perjuicio de sus funciones básicas. Los presupuestos se han incrementado sustancialmente y en tal proporción ha aumentado el gasto corriente; las burocracias municipales, aun las de municipios pequeños, se ha vuelto compleja y costosa. Se han creado organizaciones administrativas de promoción industrial, turística, comercial, de negocios globales y otras grandiosidades por el estilo, en detrimento de la atención de las más elementales necesidades de las poblaciones. En algunos municipios rurales hay más asesores que nopaleras.
Los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar sus presupuestos de egresos, pero las reglas generales de cada estado no han limitado esa atribución para impedir que el gasto burocrático se eleve arbitrariamente. La mayoría de los municipios del país son pobres, pero los sueldos y prestaciones de regidores y burócratas nadan en la abundancia.
5) Las elecciones estatales del pasado cuatro de julio fueron ejemplares en más de un sentido. En primer lugar, la gente salió a votar en un porcentaje razonablemente bueno, incluso en regiones donde la violencia criminal amenaza a las instituciones públicas y a la propia sociabilidad. En segundo lugar, la alternancia en Oaxaca y en Puebla fue la mejor noticia. Dos gobernadores del PRI, los más representativos de lo peor del PRI, fueron derrocados por el voto ciudadano. No todo fue perfecto, pues lo peor del PRI ganó en Tlaxcala. Falta derrocar electoralmente a lo peor del PAN: Jalisco y Guanajuato, sedes nacionales del fanatismo.
6) La alternancia en los poderes estatales y municipales reforzó el terrible mal del “managerismo” político. Las administraciones públicas se llenaron de gerentes. Los políticos demagogos no fueron sustituidos por políticos modernos (democráticos y honrados) sino por tecnócratas de quinta que deciden para sociedades que no existen. Aun en los municipios pequeños y pobres se da más importancia a los proyectos de comunicación e imagen personal que a la recolección de basura o a la construcción de pequeñas obras de utilidad comunitaria.
7) Los partidos políticos locales son, en general, delegaciones de las dirigencias nacionales, y los partidos pequeños son franquicias de un membrete nacional. Los ciudadanos no hemos promovido la formación de agrupaciones civiles solamente locales (estatales y municipales), cuya participación en los problemas públicos represente intereses que contrasten con los intereses de los poderosos. En general, las que se forman nacen con la bendición del gobernador. En los partidos –el problema es nacional– no hay deliberación. Como un reflejo cultural de la sociedad, el debate es mal visto y la disidencia es calificada como indisciplina o desobediencia. Los miembros de los partidos, si quieren tener futuro, deben cumplir con sus tres derechos históricos: ver, oír y obedecer. En los partidos el debate simplemente no existe. Los acuerdos son arriba y lo demás es cosa de control político y reparto clientelar.
8) En estados y municipios la crítica es tomada siempre de manera personal. Una crítica convierte al crítico en enemigo público. Los poderes locales siempre tienen manera de reducir o eliminar la libertad crítica.
Las sociedades estatales y municipales siguen siendo, en general, sociedades cerradas: intolerantes, pueblerinas, sensibleras. El contraste no puede ser más paradójico: el discurso de la globalidad de un lado y la negación de la pluralidad y la diferencia del otro.
9) Las reformas políticas no surgen de estados y municipios. Siempre llegan de arriba. Abajo, en el orden de competencia estatal, se produce poco y se propone menos. Las legislaturas locales y los ayuntamientos carecen de imaginación. Hasta el presente, funcionan como órganos de adecuación de las grandes reformas federales a los ámbitos locales.
En algunos municipios del país (todavía pocos) se elige al regidor síndico en boleta separada de la del ayuntamiento. Son varios los casos en que el elector elige la propuesta de ayuntamiento de un partido y al síndico de otro. Creo que se puede avanzar más en este sentido si las legislaturas estatales llevan a cabo su propia reforma política. Sería más útil que un ciudadano tuviera derecho a ser candidato independiente a síndico municipal que a presidente de la república. Pueden surgir candidaturas de ciudadanos capaces y respetados en la pequeña comunidad donde viven.
10) La participación ciudadana en la discusión y decisión de los problemas públicos no tiene reglas ni instituciones por donde puedan transcurrir. Tenemos más derechos pero no tenemos cauces legales e institucionales para hacerlos efectivos. La planeación del desarrollo sigue encerrada en el esquema legal de 1983, en la estructura promovida por el presidente Miguel de la Madrid. El rezago va para tres décadas.